El avance de las empresas mineras, en su mayoría canadienses, altera la vida y la convivencia en una veintena de municipios, sobre todo en la Sierra Madre de Chiapas y la franja fronteriza, como Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla.
Denuncias y protestas se han sucedido desde octubre por parte de distintas organizaciones y comunidades. Destacan las movilizaciones del Frente Regional Contra las Privatizaciones (FRCP), miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en Motozintla y Frontera Comalapa, así como las protestas de simpatizantes y bases de apoyo zapatistas allí y en Siltepec.
El FRCP exigió al gobierno, sin respuesta, “la inmediata cancelación de los permisos a empresas mineras trasnacionales para que saqueen los últimos recursos minerales del subsuelo, sin consultar a las poblaciones afectadas ni tomar en cuenta el grado de contaminación y destrucción que ocasionarán”.
También, señaló, están involucrados funcionarios de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y de organismos estatales, “ignorando que en 1989, 1998 y 2005, debido a la deforestación, las comunidades de la región fueron arrasadas por desgajamientos de cerros y desbordamientos de ríos, quedando como una zona de alto peligro”.
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